Con el propósito de garantizar a la ciudadanía el acceso libre a las playas, sin restricción ni cobro alguno, aun cuando existan concesiones o propiedades colindantes, el Pleno de la XXV Legislatura del Congreso del Estado aprobó presentar ante el Congreso de la Unión una iniciativa para reformar el artículo 127 de la Ley General de Bienes Nacionales.
El proyecto presentado por la diputada Teresita del Niño Jesús Ruiz Mendoza, plantea que las personas físicas o morales que ostenten concesiones o títulos de propiedad colindantes con playas estén obligadas a permitir el libre tránsito y acceso a estas, en condiciones de seguridad y dignidad, sin requerir pago alguno, de manera directa o indirecta.
Asimismo, establece que la autoridad competente deberá habilitar, señalizar y mantener accesos públicos suficientes y adecuados cada tres kilómetros o tres mil metros a lo largo de las franjas costeras de playas del territorio nacional, además de imponer sanciones a quienes impidan, bloqueen o restrinjan el libre acceso.
De acuerdo con los argumentos expuestos en la iniciativa, aunque la legislación federal establece que el acceso a las playas debe ser libre y no puede ser restringido o condicionado, actualmente existen lugares donde llegar a ellas resulta complicado debido a propiedades privadas, concesiones o la falta de caminos y accesos públicos.
Tere Ruiz sostuvo que las playas son bienes nacionales de uso común y que su acceso debe estar garantizado para toda la ciudadanía. En ese sentido, propuso eliminar del artículo 127 la palabra “convenga”, al considerar que puede generar una interpretación discrecional respecto al acceso, así como la expresión “mediando compensación”, para evitar que se condicione económicamente el ingreso a las playas.
La reforma también contempla que las autoridades municipales y estatales colaboren en la vigilancia y promoción efectiva de este derecho, con el objetivo de fortalecer las condiciones para que la población pueda ejercer de manera efectiva el acceso libre a las playas.
El Dictamen No. 113 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, mismo que fue aprobado por unanimidad, será remitido al Congreso de la Unión, de acuerdo con el proceso legislativo, debido a que implica reformar un ordenamiento de carácter federal.
