Plantea que programas, refugios temporales y simulacros incorporen criterios de accesibilidad, comunicación incluyente y atención prioritaria
Para que las personas con discapacidad, adultas mayores, niñas, niños y adolescentes cuenten con mejores condiciones de protección ante una emergencia o desastre, la diputada Gabriela Ponce Velázquez presentó una iniciativa para incorporar criterios de accesibilidad, comunicación incluyente, auxilio diferenciado y atención prioritaria en las acciones de protección civil.
La legisladora integrante del Grupo Parlamentario de MORENA propuso reformar la Ley de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del Estado, con el propósito de fortalecer la respuesta institucional hacia la población que enfrenta mayores dificultades para recibir información, evacuar, solicitar auxilio o acceder a asistencia durante una contingencia.
Asimismo, plantea que el Consejo Estatal de Protección Civil, junto con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), dentro de sus respectivas atribuciones, promuevan estas condiciones en los programas de atención a la población en casos de emergencia, incluidos los refugios temporales y las acciones de asistencia humanitaria.
Otro de los beneficios directos consiste en fortalecer los Programas Estatal, Municipales, Internos y Específicos de Protección Civil, de acuerdo con su naturaleza y ámbito de aplicación.
La iniciativa también propone que los simulacros contemplen, cuando las características del inmueble, servicio, actividad o población usuaria así lo requieran, procedimientos de evacuación y auxilio que faciliten la participación en situación de vulnerabilidad, además de mecanismos de comunicación accesible e incluyente.
“Es necesario reconocer que algunas personas necesitan medidas específicas para ejercer su derecho a la seguridad en igualdad de condiciones, por lo que busca reducir las barreras que pueden incrementar los riesgos para determinados sectores durante una contingencia”, indicó.
Cabe destacar que la propuesta no crea nuevas dependencias, estructuras administrativas ni programas y tampoco contempla erogaciones adicionales, sino que su implementación se realizaría de forma gradual mediante los procesos ordinarios de actualización de los programas de protección civil, con el objetivo de avanzar hacia una respuesta más accesible e incluyente ante emergencias y desastres.
