Ángela León alertó que estaba siendo amenazada, pidió protección y no fue escuchada. Hoy está muerta. Su hermana, Tania León, afirmó que fue defraudada por las autoridades y con el inicio del juicio por el asesinato exigió que se garantice justicia por un crimen que atribuyen a su labor como buscadora de personas desaparecidas.
“Las autoridades estaban al tanto, ella siempre les pidió el apoyo porque siempre recibió amenazas por hacer el trabajo que a las autoridades les correspondía y aun así le negaron todo, su protección, nunca le creyeron”, sostuvo.
La familiar cuestionó la falta de respuesta institucional, pese a que Angelita entregó pruebas de las amenazas y expresó en diversas ocasiones su temor por su vida y la de su familia.
Ángela era presidenta del colectivo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos Tecate, al que se integró en 2018 tras la desaparición de su hermano Juan José, quien hasta la fecha no ha sido localizado. Fue asesinada a balazos en su salón de belleza en 2024.
Aunque el caso presenta algunos avances, Tania señaló que una persona clave que debería estar detenida permanece en libertad. Exigió que las autoridades actúen para evitar que el presunto responsable continúe dañando a otras familias.
Afirmó que el asesinato fue consecuencia directa de su labor como buscadora y no un hecho personal, como se manejó inicialmente.
Como parte del colectivo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos Tecate dieron con el hallazgo de cuerpos durante la búsqueda de su hermano, comentó, lo que generó incomodidad.
“Esto se desató desde que mi hermano desaparece, empezamos a buscarlo, ella alza la voz pidiendo al gobierno que haga su trabajo, pero a la poca respuesta del gobierno que haga su respuesta pues nos toca a nosotros como familia salir al frente, echándonos a enemigos”, relató su hermana.
Este día dio inicio el juicio oral, en el que la defensa y la acusación presentarán al menos 40 testigos. Hasta ahora hay dos personas detenidas, aunque la familia insiste en que falta la detención del autor material e intelectual.
“Siempre hemos estado en apoyo a la familia porque ella fue una de las mejores activistas de Baja California y lo que queremos es que de verdad se haga justicia”, expresó Olivia Márquez, presidenta del Colectivo de Búsqueda de Baja California.
Coincidió en que Ángela solicitó el mecanismo de protección al gobierno, pero este le fue negado, pese a que su situación de riesgo era conocida.
“Se le dio el estatal, un botoncito que no funcionaban, lo aplastaba para ver si funcionaba y nunca llegaban”, agregó.
Recordó que un día antes del crimen, Ángela les confesó su miedo, al considerar que las amenazas podrían cumplirse. Tras su asesinato, dijo, el trabajo de los buscadores se ha visto limitado por el temor de correr la misma suerte.
