La diputada Araceli Geraldo Núñez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California, con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana y vecinal en el ámbito municipal, mediante el establecimiento de bases mínimas obligatorias que aseguren su ejercicio efectivo.
En la exposición de motivos, se señala que, si bien la Constitución reconoce la autonomía municipal, esta no debe traducirse en vacíos normativos que limiten el ejercicio de derechos fundamentales, como la participación ciudadana, la cual también está respaldada por disposiciones constitucionales en materia de derechos humanos.
Actualmente, la legislación vigente mantiene un esquema que delega a los ayuntamientos la regulación de los mecanismos de participación sin establecer estándares obligatorios, lo que ha generado disparidades en reglamentos municipales, falta de claridad en procedimientos y ausencia de herramientas tecnológicas accesibles.
Entre los cambios propuestos, destaca la reforma al artículo 74 para establecer que los ayuntamientos deberán apegarse a principios rectores como legalidad, equidad, inclusión, accesibilidad, perspectiva de género y no discriminación, con el fin de garantizar un ejercicio más amplio y equitativo de la participación ciudadana.
Asimismo, se plantea modificar el artículo 75 para que los reglamentos municipales incluyan, como mínimo, procedimientos claros y uniformes, integración paritaria de los órganos ciudadanos, mecanismos digitales accesibles, reglas de transparencia y rendición de cuentas, así como medidas de inclusión dirigidas a grupos en situación de vulnerabilidad.
En cuanto al artículo 76, la iniciativa propone que el Instituto Estatal Electoral brinde asistencia técnica obligatoria en los mecanismos vinculantes y pueda implementar plataformas digitales homologadas en coordinación con los municipios, fortaleciendo así la organización y profesionalización de estos procesos.
Finalmente, la legisladora destacó que esta reforma permitirá armonizar los criterios de participación ciudadana en Baja California, fortalecer la transparencia, promover la inclusión social y modernizar los mecanismos de intervención pública, sin afectar la autonomía municipal ni generar nuevas cargas burocráticas.
