El Congreso del Estado emitió un atento Exhorto a la titular de la Fiscalía General del Estado, Ma. Elena Andrade Ramírez, para que en el ámbito de su competencia, informe a esta soberanía en materia de violencia vicaria e impartición de justicia con perspectiva de género.
La propuesta fue presentada por la diputada Santa Alejandrina Corral Quintero, quien denunció que “en el estado de Baja California esta forma de violencia se ve agravada por la violencia institucional, ya que son numerosas las denuncias de mujeres que, tras haber sido víctimas de violencia por parte de sus exparejas, encuentran también indiferencia, dilación, omisiones y hasta criminalización por parte de las instituciones encargadas de procurar justicia”.
Refirió que el presente Punto de Acuerdo tiene origen no sólo en datos y diagnósticos, sino en testimonios reales de mujeres que hoy claman justicia, protección y acompañamiento.
Informó que a través de un oficio presentado por la ciudadana Edna Paulina Gutiérrez Rubalcaba, en lo personal y como representante del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria y del Colectivo Madres Unidas por una Vida Libre de Violencia, solicitan a este Congreso su intervención ante la Fiscalía General del Estado para que las autoridades rindan cuentas sobre la impartición de justicia con perspectiva de género; reconocimiento como violencia de género; preservación íntegra de carpetas de investigación; celeridad en los procedimientos de investigación y medidas cautelares.
“Es inaceptable que existan casos documentados en los que madres han sido separadas injustamente de sus hijos e hijas, que menores vivan en contextos inseguros y que las autoridades actúen con omisiones que, en los hechos, protegen a los agresores”, indicó.
Por lo que se exhorta a la Fiscal General del Estado para que informe sobre el protocolo que utilizan para aplicar la perspectiva de género y solicitan que se establezcan programas de capacitación y sensibilización; reducción de los tiempos de actuación para evitar la revictimización; evitar la reclasificación sin un análisis profundo del caso; mayor protección de los expedientes de las investigaciones; gestión de recursos para más personal capacitado; así como las acciones concretas que implemente en la materia.
