El Congreso del Estado aprobó un exhorto presentado por la diputada Daylín García Ruvalcaba, mediante el cual solicita a la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos, iniciar investigaciones inmediatas contra servidores públicos en la entidad que pudieran estar vinculados con organizaciones delictivas, garantizando legalidad, transparencia y rendición de cuentas.
“Las familias, comerciantes y comunidades enteras viven con miedo; no podemos seguir minimizando la crisis de seguridad con estadísticas, necesitamos acciones reales de prevención y combate a la delincuencia”, indicó la legisladora.
Al respecto, hizo referencia al caso de una comerciante que tuvo que acudir a redes sociales para manifestar su temor, y señaló también lo ocurrido con un funcionario de la CESPM, quien recibió amenazas en su institución, lo que —dijo— refleja no solo la gravedad del clima de inseguridad, sino la sospecha de que algunos servidores públicos podrían estar bajo presión o incluso vinculados con intereses delictivos.
“Estos ejemplos muestran que la violencia no distingue y que la ciudadanía se siente desprotegida; por eso exigimos investigaciones serias y depuración institucional”, afirmó la congresista.
De igual manera, se solicita al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, realizar una evaluación integral del desempeño de los mandos de seguridad en la entidad y, en su caso, llevar a cabo los relevos necesarios para fortalecer la estrategia contra delitos de alto impacto.
Daylín García subrayó que hechos recientes, como el asesinato del coordinador regional de la unidad de homicidios de la FGR, evidencian la vulnerabilidad institucional y la urgencia de replantear la estrategia de seguridad.
Por último, el exhorto considera que servidores públicos de los tres órdenes de gobierno que hayan sido señalados en medios de comunicación o por la ciudadanía deberán separarse temporalmente de sus cargos, con el fin de permitir investigaciones imparciales y transparentes, evitando cualquier posible interferencia en su desarrollo.
El contenido de la proposición contó con el respaldo unánime de las diputaciones, y por consenso del Pleno se determinó extender su alcance no solo para Baja California, sino para todas las entidades de la nación.
