Contratos públicos por al menos 172 millones de pesos otorgados en 2025 a la empresa de seguridad privada Grupo Arza colocaron bajo la lupa al presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana, Edgardo Flores Campbell, quien figura como accionista de la firma desde 2024.
La revelación, difundida inicialmente por medios locales, detonó reacciones en redes sociales y entre sectores ciudadanos que exigen su separación del organismo, al señalar un posible conflicto de interés por evaluar a autoridades que simultáneamente lo contratan como proveedor.
Entre las adjudicaciones destaca un contrato por 77.6 millones de pesos asignado por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) para la vigilancia de 124 instalaciones mediante 236 elementos de seguridad.
A ello se suma otro acuerdo estatal superior a 94 millones de pesos para prestar servicios en diversas dependencias del Gobierno del Estado.
Registros del Registro Público de Comercio confirman la incorporación de Flores Campbell como socio en 2024. No se encontraron antecedentes de contratos entre Grupo Arza y dichas instancias antes de 2025; en 2023, la CESPT había asignado ese servicio a otras empresas por cerca de 61 millones de pesos.
La directora de la paraestatal, Mónica Vega, negó inicialmente la participación del empresario en la compañía, aunque el acta corporativa más reciente sí lo identifica como accionista.
El contrato con la CESPT concluyó en diciembre de 2025, pero fue ampliado hasta febrero de 2026 mientras se prepara una nueva licitación.
Las críticas también han revivido cuestionamientos sobre la trayectoria de Flores Campbell, particularmente su paso como colaborador cercano de Genaro García Luna, cuando éste encabezaba la Secretaría de Seguridad federal.
Diversos actores sociales anticipan que podrían emitir posicionamientos públicos para exigir explicaciones formales ante lo que consideran un deterioro en la confianza hacia la instancia ciudadana que encabeza.
