La diputada Santa Alejandrina Corral Quintero, presentó una iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley de Fomento a la Competitividad y Desarrollo Económico para el Estado de Baja California y de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, con el objetivo de regular el trabajo a distancia (Teletrabajo).
La diputada en su exposición de motivos, explicó que las reformas son para establecer la posibilidad de otorgar estímulos fiscales a aquellas empresas establecidas en el estado que implementen la modalidad de teletrabajo, misma que regula la Ley Federal del Trabajo, para incorporar esta modalidad de contrataciones, como parte de los esquemas de puntuación para que sean objeto de estímulos por nuevas inversiones que realicen en el Estado.
Adicionalmente, se propone reformar la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, como instrumento rector de la política fiscal y hacendaria en el ámbito estatal, con el propósito de establecer que aquellas empresas que contraten personas bajo la modalidad teletrabajo, quedarán exentas de pago de impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal que les corresponda cubrir periódicamente, por las remuneraciones relativas a estos empleados.
La inicialista, explicó que, la iniciativa pretende disminuir la tasa del impuesto sobre nóminas cuando la empresa implemente el denominado trabajo desde casa, o teletrabajo, siempre y cuando acredite que los trabajadores que hayan laborado en la modalidad de trabajo de teletrabajo deberán representar al menos el 10% del total de su plantilla laboral y además en relación a estos empleados demostrar su inscripción y pago de las aportaciones de seguridad social.
“No menos importante es que, como política pública del estado, al impulsar este tipo de acciones se abre un abanico de oportunidades para aquellas personas que por circunstancias especiales se les dificulta o se encuentran impedidas para acudir a su lugar de trabajo por razones de enfermedad, discapacidad, embarazo, incapacidad médica y otras similares, y así no se encuentren en riesgo de perder su trabajo.
Refirió que los estímulos fiscales no dejan de ser instrumentos económicos que en todo momento deben de respetar los principios que regulan las normas tributarias y que, en este caso, consiste en los principios de legalidad, preeminencia de la ley, reserva de la ley, proporcionalidad y equidad a fin de no vulnerar otros derechos y garantías de la ciudadanía.
