Con el propósito de prevenir el abandono de animales domésticos y fortalecer una cultura de tenencia responsable en Baja California, la diputada Gabriela Ponce Velázquez presentó una iniciativa para reformar la Ley de Protección a los Animales Domésticos del Estado, a fin de establecer acciones permanentes de información, educación, sensibilización y orientación social.
La inicialista plantea reformar el artículo 1 y adicionar el artículo 5 Bis para que el Estado y los Ayuntamientos, dentro de sus respectivas competencias, impulsen de manera permanente medidas orientadas a prevenir el abandono y promover tanto la tenencia como la adopción responsable.
Cabe destacar que actualmente la ley no incorpora expresamente la prevención del abandono de animales domésticos como uno de los fines que orientan la política pública en la materia, ni establece un mandato específico para que las autoridades desarrollen acciones permanentes dirigidas a evitar esta problemática.
En ese sentido, atenderlo desde la prevención, también representa un beneficio para las comunidades, debido a que la presencia de animales en situación de abandono puede generar consecuencias relacionadas con la salud pública, la seguridad, el equilibrio ambiental y la convivencia social.
Ponce Velázquez destaca la importancia de fortalecer el carácter preventivo de la legislación, con herramientas de información, sensibilización y educación que permitan generar mayor corresponsabilidad social en el cuidado de los animales y promover decisiones responsables desde su adquisición o adopción hasta su cuidado permanente.
Asimismo, busca que estas medidas se integren a las actividades de difusión y concientización que ya realizan las autoridades, por lo que su implementación no generaría impacto presupuestario adicional al llevarse a cabo con los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros disponibles.
Es necesario visibilizar que los animales que permanecen en situación de abandono enfrentan condiciones de vulnerabilidad que afectan su integridad y, al mismo tiempo, propician la reproducción no controlada y generan una mayor demanda sobre los servicios y acciones que desarrollan las autoridades y las asociaciones protectoras.
