El Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado Eligio Valencia López presentó una proposición para exhortar a los titulares de los siete ayuntamientos de Baja California a aprobar, adicionar o actualizar la normatividad municipal que regula los servicios conocidos como “valet parking”.
El legislador señaló que el propósito es: establecer condiciones mínimas de seguridad, información y responsabilidad para proteger el patrimonio de las personas usuarias y, al mismo tiempo, brindar certeza a los establecimientos y empresas que prestan profesionalmente este servicio.
“Cuando una persona proporciona las llaves de su vehículo, no entrega solamente un automóvil: confía un patrimonio construido con esfuerzo. Quien recibe las llaves debe asumir también la obligación de cuidar y responder”, expresó.
Explicó que estos servicios forman parte de la operación cotidiana de restaurantes, hoteles, hospitales, centros comerciales, salones de eventos y otros establecimientos; sin embargo, existen personas usuarias que han reportado sustracción de pertenencias, daños a los vehículos, uso no autorizado de las unidades y cobros sin comprobante.
A lo anterior se suman las dificultades para identificar a la empresa operadora, conocer la póliza de seguro, determinar dónde fue resguardado el automóvil o saber ante qué instancia debe presentarse una reclamación.
Valencia López advirtió que, frente a un incidente, el establecimiento puede atribuir la responsabilidad a una empresa externa, mientras que el prestador del servicio pretende deslindarse mediante leyendas impresas en el boleto.
“Una leyenda en un boleto no puede convertirse en permiso para evadir responsabilidades. No es aceptable que, mientras unos se deslindan, la persona afectada quede sola y sin saber quién debe responder”, subrayó.
La propuesta plantea que la regulación municipal abarque toda la cadena de custodia: recepción, traslado, estacionamiento, guarda y devolución del vehículo, independientemente de que el servicio sea prestado por personal del propio establecimiento o por una empresa contratada.
Entre los elementos que se propone incorporar se encuentran los permisos para operar y para establecer puntos de recepción; un registro público de prestadores; tarifas visibles; comprobantes numerados; personal identificado, capacitado y con licencia de conducir vigente; así como controles que permitan conocer quién recibió las llaves y quién condujo el vehículo.
También se plantea exigir un seguro vigente que cubra robo, daños, responsabilidad civil, accesorios y pertenencias previamente declaradas, sin trasladar a la persona usuaria el pago del deducible.
La normatividad deberá contemplar un lugar legalmente autorizado para el resguardo de las unidades y evitar que calles, banquetas, rampas, ciclovías o espacios reservados sean utilizados como estacionamientos privados.
Asimismo, se propone establecer protocolos para atender incidentes y reclamaciones, conservar evidencias de la recepción y entrega del automóvil, orientar a las personas sobre la presentación de quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor y garantizar que las personas con discapacidad puedan utilizar el servicio sin discriminación.
El Presidente del Congreso aclaró que la propuesta no pretende obstaculizar la actividad comercial ni ordenar censos o inspecciones sobre obligaciones que todavía no existen.
Puntualizó que: “el orden debe ser claro: primero se aprueban y publican las reglas; después corresponde verificar su cumplimiento y aplicar sanciones cuando procedan. Regular significa proteger a las familias, dar certeza al comercio formal y cerrar espacios a la impunidad”.
