La diputada Santa Alejandrina Corral Quintero presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado de Baja California para incorporar un modelo permanente de gestión integral de riesgos, con el propósito de proteger la infraestructura de los planteles educativos y garantizar que las actividades escolares no se interrumpan por robos, actos vandálicos o contingencias.
La propuesta contempla una reforma para que la Autoridad Educativa Estatal, en coordinación con las instancias competentes, implemente mecanismos permanentes para prevenir, atender y mitigar los riesgos, con el objetivo de proteger el patrimonio destinado a la educación y asegurar la continuidad del servicio público educativo.
La legisladora señaló que el derecho a la educación no depende únicamente de los planes de estudio y del personal docente, sino también de que las escuelas cuenten con instalaciones seguras y funcionales, sin embargo, en Baja California diversos planteles han sufrido robos, daños en instalaciones eléctricas e hidráulicas, sustracción de equipo y actos vandálicos que, en algunos casos, han obligado a suspender clases durante semanas o meses.
Indicó que mientras se realizan los procedimientos administrativos y presupuestarios para reparar los daños, se perjudica directamente a miles de estudiantes, por ello, considera necesario establecer un esquema preventivo que permita reducir los tiempos de respuesta institucional y fortalecer la capacidad del Estado para atender estas contingencias.
La iniciativa establece que las autoridades deberán identificar y evaluar los riesgos; diseñar estrategias preventivas; implementar mecanismos para atender oportunamente los daños; incorporar instrumentos administrativos, financieros o presupuestarios conforme a la disponibilidad de recursos; y promover la coordinación entre las dependencias responsables para fortalecer la resiliencia de los planteles educativos.
Asimismo, la diputada precisó que la reforma no invade las atribuciones del Poder Ejecutivo ni obliga a contratar seguros o realizar un gasto específico y explicó que la propuesta únicamente incorpora un principio rector dentro de la Ley de Educación, dejando a la administración pública la definición de las herramientas técnicas y financieras más adecuadas para su implementación.
Corral Quintero destacó que la iniciativa prevé que la implementación de este modelo se realice de manera progresiva, con cargo a los recursos autorizados para las dependencias competentes y sin crear estructuras administrativas adicionales ni generar erogaciones extraordinarias, con el fin de consolidar una política pública que fortalezca la seguridad y operatividad de los planteles educativos de Baja California.
