Residentes de San Antonio y Santa Fe, denunciaron un presunto fraude en la compra de terrenos que podría estar relacionado con el caso de un supuesto líder de un “cártel inmobiliario” detenido recientemente, situación que mantiene en incertidumbre a cientos de familias.
Los afectados se manifestaron a las afueras de la inmobiliaria Brisas de Santa Fe para exigir que se esclarezca la legalidad de los predios que adquirieron, ante el temor de perder su patrimonio.
De acuerdo con Miguel Ángel Aguilar González, los colonos acudieron a las oficinas ubicadas sobre la avenida José Clemente Orozco y bulevar Rodolfo Sánchez Taboada, donde presuntamente serían atendidos; sin embargo, el inmueble se encontraba cerrado.
Las oficinas permanecen clausuradas desde el pasado 2 de abril, por lo que no hubo atención a los residentes, quienes esperaban recibir información o la renovación de contratos relacionados con sus terrenos.
Los inconformes señalaron que adquirieron predios mediante esquemas de pago que incluían un monto inicial cercano a los 28 mil dólares, además de mensualidades de 200 dólares. No obstante, ahora buscan certeza jurídica sobre la legalidad de dichas operaciones.
Aguilar González indicó que existe incertidumbre debido a que una persona se ostenta como propietario de los terrenos, mientras que autoridades han señalado la existencia de una carpeta de investigación en la que se advierte un posible fraude, al no contar con documentación que acredite la propiedad ni registros de pagos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Asimismo, refirió que el caso podría estar vinculado con una persona detenida recientemente, identificada como abogado, quien presuntamente formaría parte de un esquema irregular de comercialización de predios.
Otra residente, con aproximadamente cuatro años habitando en la zona, señaló que alrededor de 400 familias se encuentran en una situación similar, por lo que reiteró el llamado a las autoridades para esclarecer la situación legal de los terrenos.
Las denuncias fueron presentadas el pasado 6 de abril ante la Fiscalía General del Estado. Este martes, los afectados acudieron nuevamente para dar seguimiento a sus casos y manifestar ante medios de comunicación su inconformidad.
