La diputada Araceli Geraldo Núñez presentó una iniciativa de reforma a la Ley que Regula los Servicios de Control Vehicular en Baja California, con el propósito de garantizar el reconocimiento y verificación de las licencias de conducir y tarjetas de circulación en formato digital por parte de las autoridades municipales.
La propuesta plantea adicionar el artículo 5 BIS a dicha ley, para establecer mecanismos de coordinación entre la Secretaría de Hacienda del Estado y los ayuntamientos, a través de convenios, herramientas tecnológicas y capacitación, a fin de homologar el uso de documentos vehiculares digitales en todo el territorio estatal.
La legisladora señaló que, aunque el Gobierno del Estado ya implementó la expedición digital de licencias y tarjetas de circulación, persisten diferencias entre municipios respecto a su reconocimiento oficial, mientras Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate ya actualizaron su normatividad, municipios como Ensenada, San Felipe y San Quintín continúan en proceso de adecuación.
Esta falta de uniformidad ha generado afectaciones directas a las y los automovilistas, debido a que agentes de tránsito continúan exigiendo la presentación física de los documentos, aun cuando las personas portan las versiones digitales válidas y vigentes. Incluso, se han documentado retenciones indebidas de documentos o traslados al juzgado calificador para obligar al pago inmediato de multas.
La diputada Araceli Geraldo propone que la Secretaría de Hacienda celebre convenios de coordinación con los ayuntamientos para implementar mecanismos de verificación electrónica, compartir plataformas tecnológicas y capacitar al personal municipal encargado de aplicar la normativa de tránsito y control vehicular.
Abundó que la reforma respeta plenamente la autonomía municipal y no pretende sustituir las facultades reglamentarias de los ayuntamientos, por el contrario, busca fortalecer la coordinación institucional y facilitar la transición hacia una administración pública más moderna, eficiente y alineada con las nuevas herramientas digitales.
Finalmente, la legisladora afirmó que esta reforma representa una medida estratégica para fortalecer la certeza jurídica, prevenir abusos y simplificar trámites, con lo que Baja California avanzaría hacia un modelo de movilidad y servicio público más ágil, transparente y cercano a las necesidades de la población.
