El senador de Morena por Baja California, Armando Ayala Robles, presentó ante el Pleno del Senado de la República una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar el artículo 23 Ter a la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, con el objetivo de eliminar los registros por adeudos menores a 10 mil pesos en el Buró de Crédito.
Durante su intervención, el legislador destacó que esta propuesta surge del contacto directo con la ciudadanía en distintos recorridos por Baja California y diversas regiones del país, donde —dijo— ha escuchado de frente la frustración de miles de personas que, por un adeudo de bajo monto, quedaron excluidas del sistema financiero formal.
Ayala Robles retomó una frase del expresidente Andrés Manuel López Obrador para explicar el espíritu de la iniciativa: “El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás”, y subrayó que es responsabilidad del Congreso revisar si las leyes actuales responden verdaderamente a las necesidades del pueblo o si reproducen desigualdad y exclusión.
El senador aclaró que la propuesta no busca debilitar al sistema financiero ni eliminar la evaluación del riesgo crediticio, sino hacerla más justa, proporcional y humana.
“Un adeudo menor no puede convertirse en una condena permanente que cierre el acceso al crédito durante años, especialmente para trabajadores independientes, pequeños comerciantes, emprendedores y jefas y jefes de familia con ingresos variables”, manifestó.
Asimismo, advirtió que la exclusión del crédito formal empuja a muchas personas hacia esquemas de financiamiento ilegal, como los llamados préstamos “gota a gota”, que generan sobreendeudamiento, amenazas y pérdida del patrimonio familiar.
Recordó que, de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, este delito ha crecido 33 por ciento, afectando principalmente a quienes quedaron fuera del sistema financiero.
Armando Ayala sostuvo que esta iniciativa también es una medida de prevención social y de seguridad, ya que integrar a más personas al crédito formal fortalece la economía familiar, fomenta el emprendimiento y genera estabilidad comunitaria.
“El crédito debe ser una segunda oportunidad, no una marca de por vida. Queremos que sea una herramienta de desarrollo y movilidad económica, no un mecanismo de castigo permanente”, concluyó el legislador, reiterando su compromiso de seguir impulsando leyes que pongan en el centro al pueblo de México y a quienes históricamente han sido excluidos.
