El diputado Ramón Vázquez Valadez, presentó ante el Pleno una iniciativa de reforma al artículo 224 BIS del Código Penal estatal, con el objetivo de reforzar el marco jurídico penal mediante la adición de dos modalidades al delito de extorsión.
La primera modalidad está dirigida a sancionar la simulación fraudulenta de accidentes vehiculares, práctica conocida como “montachoques”, que ha proliferado en ciudades como Tijuana y Rosarito. “Este fenómeno delictivo no solo pone en riesgo la integridad de las personas, sino que afecta la percepción de seguridad y confiabilidad en Baja California”, señaló el legislador.
Ramón Vázquez explicó que los montachoques operan en células delictivas con roles definidos: conductores que provocan el accidente, acompañantes que simulan lesiones y falsos testigos que validan la versión fabricada. “A pesar de que existen figuras como el fraude y la coacción en el marco legal actual, las autoridades enfrentan dificultades para integrar carpetas de investigación y judicializar estos casos”, advirtió.
Con base en lo anterior, la iniciativa plantea agregar una fracción al artículo 224 BIS para castigar a quienes cometan extorsión fingiendo un choque o atropellamiento, aprovechándose del miedo, la confusión o el engaño de la víctima, con la intención de obtener dinero o cualquier otro beneficio.
La segunda modalidad que contempla la propuesta legislativa se enfoca en sancionar a quienes se hacen pasar por abogados, funcionarios públicos o personas con supuesta “influencia” en el gobierno, y ofrecen a la víctima resolver un procedimiento legal, judicial o administrativo, solicitando dinero o cualquier otro beneficio, aun cuando no tengan la capacidad real para cumplir lo prometido.
Al respecto, el legislador de Morena señaló que en Baja California se han documentado casos en los que individuos se hacen pasar por abogados o funcionarios para exigir dinero a cambio de gestiones que no están facultados para realizar. Un ejemplo reciente ocurrió en el restaurante “Pez Gallo” de Mexicali, donde varias personas fueron señaladas por solicitar dinero a cambio de supuestas influencias con autoridades.
“Con esta reforma, Baja California contará con un marco legal más sólido para prevenir, investigar y sancionar a quienes incurran en estas prácticas que afectan la vida cotidiana de la ciudadanía”, concluyó el diputado Ramón Vázquez.
